Quiero compartir con ustedes unas inquietudes a partir de la lectura del proyecto de resolución que deroga el 1036 sobre programas de pregrado en educación.
1. La formación en pregrado de los educadores especiales, queda sujeta a la existencia de un Decreto inconstitucional (recordemos los debates del año pasado) y a las subsecuentes normativas.
2. Se evidencia una incongruencia más en la textualidad de la normativa: mientras en el Decreto 366 de 2009 desaparecen las necesidades educativas especialesomo un concepto articulador de la educación, la Resolución afirma que los educadores se forman para su atención educativa. En palabras de expertos, esto sería sujetar la educación de estos licenciados a la "integración académica" y no a la "educación inclusiva" (con su focalización en las barreras para el aprendizaje y la participación, la gestión escolar, etc.). Una consecuencia de tanto lenguaje que no nos dice nada y no cambia muchas cosas.
3. En los aspectos nominales, se persiste con la nominación de "licenciado en educación especial" en un contexto normativo contradictorio y débil, en donde tal vez, debería pensarse en una pluralización de la titulación en pregrado. Por ejemplo, pudiesemos pensar en un "Licenciado en Pedagogías Especiales", "Licenciado en educación inclusiva" e, incluso, en "Licenciado en educación para personas con discapacidad y excepcionalidad". De esta manera, no solo pluralizamos y fortalecemos los pregrados (desde sus dispositivos de formación), sino que también garantizamos una apertura de pensamiento, de espacios de actuación, de saberes por articular y de campos laborales.
4. Las competencias (transversales, disciplinares y pedagógicas), no permiten comprender la especificidad en la generalidad de los maestros. Es necesario insistir en que un educador especial es un "maestro" pero al mismo tiempo deja de ser "cualquier maestro". Sus conocimientos, sus prácticas, sus lenguajes, sus miradas, sus relacionamientos, sus estrategias, etc. merecen del reconocimiento de una singularidad, que por demás, no debería desaparecer. Su especificidad no se encuentra del lado de una ciencia o disciplina por enseñar, sino en la complejidad de los procesos formativos, de aprendizaje, de interacción con el mundo de unos sujetos en particular, a lo largo de toda una vida. Recordemos que a principios del siglo XX NO existían educadores especiales, solamente hasta mediados de la década de 1960 se comienza su profesionalización en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahora bien, con la actual política de educación inclusiva con calidad, se ha cuestionado la formación de este profesional/intelectual específico desde el pregrado y se ha concitado al cierre en varias Universidades del país. Luego, sin competencias que permitan hacer relieve a la diferencia, se puede argumentar con más soltura una inviabilidad formativa de un profesional/intelectual.
5. Las normativas oficiales no fundan conceptos, pero producen realidad. Las normativas oficiales no producen ciencia ni saber, pero pueden constreñir nuestra realidad. Las normativas oficiales no producen un sujeto de saber, pero condicionan, restringen o potencian sus aportes a las sociedades, las ciencias y las culturas. Las normativas deberían cohesionarnos como ciudadanos, profesionales e intelectuales. Deberían expresar nuestro pacto sobre lo esencial y lo común. No deberían fraguar un abismo irreconciliable entre nosotros. La norma sobre los programas de pregrado en educación, que en última instancia pueden cerrar a abrir puertas o mundos, debería expresar en sus líneas la complejidad y la riqueza de la educación para personas con discapacidad, talentos excepcionales, pero también de la educación popular, la educación indígena, la educación campesina, entre otras educaciones que en lugar de hacernos homogéneos en la misma escuela, contribuyen a la construcción de un "Estado social plural de derechos y libertades", donde UNA solo escuela no puede albergarnos a TODOS, pero sí -tal vez- un sistema formativo, integrado y diverso.
